Política.

Ley de Seguridad Interior: El ejército se convierte en juez, jurado y verdugo

La determinación del Congreso mexicano por aprobar una ley que militariza la seguridad pública ha recibido resistencia por parte de académicos, organizaciones en pro de los derechos humanos y sociedad civil, negativa que es entendible puesto que de lograr su aprobación, las fuerzas castrenses podrán ejercer acciones que vulneran los derechos de la población “sin temer castigo alguno”.

Antecedentes:

El día 21 de diciembre del año 2006, el gobierno mexicano bajo el mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la “Guerra contra el narco”, un conflicto considerado desde su inicio como inútil y absurdo además de ser una guerra inventada que utilizó el mandatario mexicano para legitimar su sexenio que desde el principio fue envuelto por la controversia y corrupción.

Tras 10 años de combates y sin indicios de una próxima resolución, hoy podemos mencionar que esta escaramuza contra el crimen organizado ha costado la vida a 136 mil personas, sumados a los 27,659 desaparecidos y a los más de 1 millón de desplazados por la violencia interna del país según reportes oficiales tanto del Gobierno Federal, ONG’S como la organización civil Líbera y agentes de la ONU.

En este lapso de tiempo los mandos militares han expresado que requieren un marco legal que dé certeza a su actuación en esta guerra, tarea que corresponde impulsar a la Secretaría de Gobernación ante el poder Legislativo.

El punto de quiebre vino el 8 de agosto del 2016, fecha en la que el Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, mencionó en una conferencia de prensa lo siguiente:

“Los soldados ya mejor piensan si le entran a enfrentar a los grupos delictivos con el riesgo de ir a la cárcel acusados de violar derechos humanos o que sean procesados por desobedecer órdenes”.

Estas declaraciones son peligrosas ya que ponen en duda la obediencia de las fuerzas armadas a menos de que se les den más garantías a sus actos, lo que podemos entender como una amenaza del titular de la defensa nacional a la Secretaría de Gobernación.

Principales problemas de esta ley:

El mayor problema con la “Ley de Seguridad Interior” es que proporciona un cheque en blanco a las fuerzas armadas para hacer lo que sea necesario en caso de ser desplegados, libertad que han calificado las organizaciones en pro de los derechos humanos de la siguiente manera:

La ley “desataría un aumento en violaciones a derechos humanos, incrementando ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, presos políticos, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, sólo por mencionar algunos, pues permitirá que militares realicen patrullajes, detenciones, incluso actividades de investigación sin que exista otra autoridad que lo contrarreste”, detalló Proceso.

El ejército tiene problemas para respetar los derechos humanos

Es necesario dar un estado general de la situación de la SEDENA en cuanto a las denuncias que ha recibido su personal por acciones que violentan los derechos humanos, para ello nos remontamos a la administración de Felipe Calderón en donde el ejército acumuló ante la CNDH 9 mil 228 quejas y 142 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, mientras que en lo que va del actual sexenio de Enrique Peña Nieto se tienen registradas 2 mil 373 quejas y tres recomendaciones.

Sumado a lo anterior, según el Informe Especial sobre Recomendaciones en Trámite de la CNDH, 4 de cada 10 recomendaciones emitidas entre 2011 y 2016 por este organismo, no han sido atendidas de manera satisfactoria por las autoridades mexicanas.

Retomando lo mencionado en este informe, las autoridades municipales tienen un peor desempeño que las federales o las estatales al momento de atender una recomendación, ya que solo 30.14% de éstas se atienden de manera satisfactoria a nivel municipal, mientras que las autoridades federales no aceptaron el 6.43% de los casos y las autoridades estatales registran un 7.48% de no aceptación.

Torturas y presuntos culpables del ejército

En México según una encuesta del CIDE (Centro de Investigación y Docencia Económicas) realizada en 2012 entre reclusos de cárceles federales, 30.5 por ciento de los que se declararon culpables lo hicieron porque los torturaron o golpearon.

La situación anterior es defendida por los militares como podemos ver en la entrevista a un ex militar retirado realizada por la periodista Yemeli Ortega de la agencia AFP, en donde este veterano defiende el uso de la tortura como un método eficaz para la obtención de información en aras de capturar a líderes del narcotráfico.

Según lo mencionado por este ex militar, cuando el interrogado se escuda tras el famoso “no lo sé, no lo conozco”, se le presiona primero con “un sometimiento de golpeo”, después vendrá el estrangulamiento al envolver la cabeza con una bolsa plástica. Si se resiste, la bolsa se llenará de agua. “Cuando se les acaba el oxígeno, por ahí tienen que respirar y (el agua) se le va a meter entre las narices. Es una asfixia”, detalló este veterano, que pidió no revelar su grado en la jerarquía militar ni la fuerza armada a la que perteneció.

Conclusión:

Otorgarle más facultades al ejercito supone un peligro latente para la sociedad mexicana pues estará sujeta a la “presunta culpabilidad”, condición de vulnerabilidad ante unas fuerzas armadas mexicanas que han comprobado ser letales en hechos comprobados como Tlatlaya y Ayotzinapa.

De igual forma, la ineptitud del gobierno de profesionalizar a las policías es una muestra clara de que no existe un plan para responder a los desafíos de seguridad interna de México.

Imagen de portada: SinEmbargo.com

Fuentes: Proceso, RT, Aristegui Noticias.

Por: Eduarddo Miguel.

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